Una ley de medios que proscribe a los periodistas

En estos días, en la guitarreada sobre la libertad de prensa y de expresión, nadie arrimó una idea para proteger la autonomía de los periodistas. El trabajador de la comunicación no goza de ninguna protección para establecer una posición independiente en los medios de prensa.
Por ese motivo, el estatuto del periodista debía ser el instrumento de la independencia del trabajador de prensa. Pero el estatuto es letra muerta porque el gremio de la actividad, la UTPBA, lo ha abandonado y, vaciado la organización sindical. La flexibilidad laboral, las pasantías, los contratos basura y los bajos salarios se encargan de su esclavitud material e intelectual.

La ausencia, en los proyectos de ley, de toda referencia a las garantías de los trabajadores de la comunicación audiovisual no es, sin embargo, un olvido. En el artículo 25, inciso “e”, se dispone “respetar las incumbencias y encuadramientos profesionales de los trabajadores conforme la actividad principal que desarrolle la licenciataria”.

Se trata de un traje a medida del SAT, el sindicato de televisión, y de Foetra, sindicato telefónico, dos organizaciones moyano-yaskistas. Liquidan toda connotación periodística de la actividad; el trabajador de prensa es convertido en trabajador manual –que debe hacer un guión por encargo. En ninguno de los dos gremios (SAT y Foetra), el tema fue discutido en asambleas, plenarios de delegados ni convocatorias especiales para que los trabajadores fijen posición. Sus burocracias, simplemente, se enrolaron en un apoyo alevoso a la nueva ley y participaron, junto a los gorros verdes de los trabajadores de la recolección de basura, en el acto de lanzamiento de Cristina Kirchner.

Ambos, SAT y Foetra, se han anotado en el pelotón del oficialismo moyanista, con la CTA de Claudio Marín –adjunto de Foetra–, especialmente incluida.

Precisamente, Marín fue el orador de apertura del segundo día de la audiencia pública, en la que fueron proscriptos el Partido Obrero y la Federación Universitaria de Buenos Aires.
El papel de Marín sobre la libertad de expresión llama la atención desde varios ángulos, no sólo porque apoya la ley que permite el ingreso de sus patronales, las telefónicas, a la actividad de radiodifusión y el negocio del cable. Él mismo ha iniciado un juicio por “querellas e injurias”, al mejor estilo Othacehé, contra el apoderado de la Lista Naranja, porque esta agrupación clasista lo denunció por no impulsar el paro de la CTA en su propio gremio, pero sí, en cambio, difundirlo en otro sindicato, el de Subte.

Corresponde luchar por la unificación y el mejor convenio de los trabajadores que confluyan en el trabajo técnico de la radiodifusión. Y por la unificación y la vigencia irrestricta del estatuto del periodista para todos los trabajadores de la radiodifusión.