Como se recordará, el 25 de marzo de 2003 Heller fue detenido con motivo del violento desalojo policial de Sasetru. Como resultado de la lucha librada y de una gran corriente de solidaridad, los compañeros de Sasetru conquistaron, cinco meses después, la expropiación de la planta. El compañero Heller fue imputado inicialmente por los delitos de usurpación y desobediencia a la autoridad. Las imputaciones han sido tan endebles que el cargo por usurpación tuvo que ser retirado, no obstante lo cual se mantuvo el de desobediencia. Esto pone de manifiesto, aún más, la intencionalidad política que hay detrás de la decisión judicial.
Esta causa se inscribe en la escalada de criminalización de la protesta social y política. Hace pocos días, se produjo el desalojo violento de los trabajadores de FP, que acampaban frente a los accesos de la fábrica. Los compañeros de una textil ocupada de San Luis fueron salvajemente reprimidos semanas atrás; los compañeros de Pilkington fueron blanco de ataques de patotas organizadas por la burocracia. Eso mismo había pasado con los obreros y obreras de Dana, a lo que se agregó la militarización de la fábrica. Los trabajadores de Mafissa fueron víctimas de un desalojo en momentos en que habían decidido permanecer en la planta. En Indugraf y Arrufat en Capital, ocupadas y puestas a producir por sus trabajadores, continúa la amenaza de desalojo. Días de zozobra sufrió también la textil quilmeña Febatex, en momentos que circulaban versiones de un inminente desalojo.
La causa de Sasetru debería estar archivada hace mucho. El desalojo se produjo en momentos en que el Concejo Deliberante de Avellaneda aprobaba la expropiación de las maquinarias y exhortaba a la provincia a proceder en idéntica forma con el inmueble. Con la ley aprobada en la mano, los compañeros de Sasetru exigieron quedarse en el establecimiento, custodiando los bienes de la fábrica. Esta circunstancia no fue tenida en cuenta, sin embargo, por el juzgado. Asistimos a una verdadera provocación, entre cuyos instigadores se encuentran los propietarios del establecimiento, la empresa Molisur, satélite de Molinos, perteneciente al grupo Pérez Companc. La única "usurpación", en realidad, es la que venía ejerciendo ese grupo económico que había comprado el establecimiento para mantenerlo cerrado, convirtiendo el predio en un nido de ratas.
Con este juicio oral se quiere dar una señal ejemplar de que este tipo de "trasgresiones" a la propiedad no van a ser consentidas. También está en sintonía con la orientación oficial de reformar la ley de quiebras, que pretende clausurar el ciclo de expropiaciones. No es un dato menor que el Estado no puso la plata para comprar las fábricas sujetas a leyes de expropiaciones (mientras sí la pone para el salvataje de la quebrada GM, fideicomisos y grupos empresarios) y que en muchas de ellas las expropiaciones transitorias están vencidas o por vencer. A su situación legal, extremadamente precaria, se une la falta de auxilio económico por parte del Estado.
Llamamos a derrotar esta nueva ofensiva. Los compañeros de Sasetru Gestión Obrera inscriben esta batalla por la absolución de Pablo Heller en su lucha para derrotar el sabotaje económico al que viene siendo sometida por el Estado, que le niega a Sasetru los recursos que necesita para poner a la fábrica nuevamente a producir.
Los abogados de Apel tienen a su cargo la defensa de Heller ante esta decisión arbitraria del juzgado. Por el juicio van a comparecer más de 50 testigos sólo por la defensa, y eso explica que las sesiones se prolonguen durante cinco días. Llamamos a organizar una gran campaña y movilización por la absolución de Pablo. Un primer paso es difundir el hecho y darle continuidad a la firma de pronunciamientos que ya se han ido reuniendo.
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