Abajo la Ley Scioli-Stornelli de contravenciones

De la mano del ‘ajuste', quieren imponer el garrotazo contra el pueblo

La crisis política que carcome al gobierno de Scioli se trasladó al debate sobre la seguridad. Solá, el PRO, los ‘mediáticos’ Tinelli y Susana Giménez han salido a criticar las vacilaciones de Scioli para tomar medidas más duras en materia de seguridad. El ‘debate’ sirve también para desviar la atención pública de la grave crisis social y la formidable movilización que están desarrollando trabajadores estatales, docentes, médicos, judiciales y municipales en reclamo de aumento salarial, pase a planta permanente y otras medidas contra el trabajo en negro y el ‘ajustazo’ que quiere aplicar el scioli-kirchnerismo.

La dupla Scioli-Stornelli reivindica a la Bonaerense: “no se la puede estar defenestrando”, dijo el gobernador, quien saludó que la policía vaya “al frente” y reafirmó su propósito de “evitar purgas policiales” (La Nación, 8/11). Stornelli ha desechado las acusaciones de diversos jueces sobre “pactos de la policía con el crimen” y “policías que reclutan menores para delinquir” (La Nación, 5/11).

“Que la Bonaerense ‘recupere la calle’”

Pretenden, de la mano de un fuerte operativo mediático, que la Bonaerense “gane la calle” y volver a un régimen de contravenciones. Se propugna poner en marcha un régimen de arbitrariedad policial. La ley de contravenciones que Scioli presentará a la Legislatura provincial tiene ¡168 artículos! que permiten que la policía detenga a cualquiera por casi cualquier causa. La “recuperación” policial de las calles tiene también por objetivo directo la protesta social: se penalizan los piquetes y los escraches contra funcionarios.

“La gente está pidiendo esto. Quiere orden” (La Nación, 10/11), dice Stornelli. C5N, Clarín, La Nación, las cámaras empresarias, el PRO y el tuti quanti derechista piden ‘orden’; es decir, echar de las calles a los obreros, terminar con los paros y las movilizaciones de desocupados, piqueteros, estudiantes; que el pueblo agache el lomo y se banque el ‘ajustazo’ K. Se trata de potenciar el imperio de la Bonaerense contra el pueblo. Esto, por supuesto, no eliminará el crimen organizado, que está asentado en el encubrimiento de las esferas políticas y policiales del Estado burgués. Un régimen contravencional llenará las cárceles y comisarías de ‘perejiles’ y marginales para encubrir el crimen organizado.

El nuevo código contravencional sería potestad directa de la policía y de los intendentes, que nombrarían a jueces contravencionales. Podrían así reprimir, legalmente, sin las consabidas patotas oficialistas. También se encuentra en carpeta el proyecto de bajar la imputabilidad de los menores de los 16 a los 14 años de edad.

En los últimos dos años se duplicaron los presos en las comisarías bonaerenses. De los 30 mil alojados, sólo 6.300 tienen condena firme. En diciembre de 2006 se aprobaron nuevas leyes “con el fin de promover un uso abusivo de la prisión preventiva y facilitar las prisiones sin prueba suficiente” (Clarín, 10/11). No han terminado de implementarse y ya el Senado provincial ha votado reformas que endurecen las medidas previstas en la ley 13634: los jóvenes pueden ser detenidos en las comisarías hasta 24 horas en lugar de 12. Lo que los somete a la prepotencia, los malos tratos y la tortura de los carceleros policiales. Entre junio del 2006 y julio de 2008, se denunciaron 770 casos de torturas y otros tratos como penas crueles inhumanas o degradantes en perjuicio de 930 jóvenes (del Comité Provincial contra la Tortura). La misma ley ya sancionada aumenta el plazo de 5 a 10 días para que se celebre la audiencia “donde se evaluará la procedencia o no de la prisión preventiva”. Por 10 días, el joven detenido queda a disposición de la policía, que lo “convencerá” convenientemente de confesar hasta lo que no quiere.

Es un ataque en regla a las luchas populares y a la juventud.