La gran huelga de los petroleros de Santa Cruz concluyó, en primer lugar, con una victoria. El ministerio de Trabajo ordenó a los pulpos petroleros que paguen los veinte días de huelga que reclamaban los trabajadores. El interrogante es qué obtuvieron a cambio estos pulpos, cuyo entrelazamiento con la camarilla de Kirchner es notorio. Las primeras noticias indicaban que la moneda de cambio podía haber sido la intervención de la regional Santa Cruz por parte de la burocracia de la Federación. Pero Segovia, el dirigente del sindicato provincial, dejó en claro que el laudo del Ministerio lo habría arreglado él con “su amigo” (textual), el ministro De Vido. Sea como fuere, los asuntos verdaderamente candentes de la provincia siguen en pie y tendrán derivaciones inmediatas: el despido de trabajadores por parte de los pulpos; la paralización de actividades por parte de las patronales y el destino del gobernador Peralta.
De acuerdo con insistentes informaciones, los K pondrán fin al gobierno provincial apenas se elijan autoridades en la renovación del cuerpo en diciembre, entonces será ubicado en su lugar el designado para suceder a Peralta. Santa Cruz vive una explosiva situación social y sindical, y se encuentra en las vísperas de su tercer golpe de Estado. A fuerza de hablar contra los ‘destituyentes’ de la oposición y de la soja, el único y repetido ‘destituyente’ es el clan K.
El desarrollo de la huelga
Durante veinte días, los petroleros sacudieron a la provincia con una durísima huelga. La paralización de la producción fue total y se extendió a varios tramos de oleoductos y gasoductos. Los cortes de la ruta 3 y las ocupaciones de plantas envolvieron a centenares y miles de trabajadores.
La huelga arrancó en una combativa asamblea de delegados de todo el norte provincial. Allí, los delegados de Las Heras denunciaron que los pulpos petroleros tienen a la mitad de los trabajadores suspendidos. La asamblea reclamó el inmediato retorno de todos al trabajo, la reactivación de los pozos, ninguna suspensión, ningún despido, defensa de condiciones dignas de trabajo. Los delegados también colocaron sobre el tapete el reclamo del 82% móvil para los jubilados y la cuestión de elevar el mínimo no imponible a las ganancias, que con el aumento vuelve a afectar al salario. La respuesta de Segovia, el burócrata provincial, anticipó su política: “sólo hablaremos del 25 por ciento de aumento”; la cuestión de fondo de las suspensiones, los despidos y el virtual lock-out patronal fue canalizada por un reclamo salarial cinco puntos superior al acordado por la Federación nacional y las patronales.
Finalmente, los santacruceños obtuvieron mejoras en los adicionales, por encima del 20% en cuotas firmado por la Federación. Pero, desde el vamos, la burocracia dejó a un lado el reclamo del retorno al trabajo, que deja librado a cada empresa o lugar de trabajo en forma aislada. Cuando el gobierno dictó la conciliación obligatoria contra la huelga por salarios para la provincia, Segovia resolvió seguir con el paro con la bandera del pago de los días caídos. Para sorpresa de los medios, Peralta se hizo ver en las asambleas para dar un apoyo.
Mientras tanto, el mencionado Peralta seguía recibiendo de las petroleras los adelantos de regalías para poder pagar los sueldos de la administración pública. Como se puede apreciar, la política nacional y popular en Santa Cruz se reduce a enredos y trifulcas dentro de la camarilla oficial. Todos están en el mismo barco, pero en la nave sobran los pasajeros y crecen las molestias.
La intervención
En este cuadro, las petroleras, el gobierno y la burocracia de la Federación montaron una operación contra la huelga y contra los petroleros. La Federación Petrolera nacional anunció la intervención del sindicato santacruceño, nada menos que por haber “desacatado la conciliación obligatoria” y “otros hechos graves”. No colocan en el banquillo a Segovia, sino a la lucha de la clase obrera petrolera. Como réplica, Segovia anunció que, si se concreta la intervención, desafiliará al sindicato de la Federación Petrolera.
Los voceros de la intervención, en Las Heras, han prometido “trabajar por la reactivación de los pozos”; tienen acceso directo al celular de Eskenazi. La Federación prometió una “intervención de treinta días”, pero su secretario general, Roberti, anunció luego que “estarán un año”. En ese tiempo, lo que se viene está a la vista: las petroleras se han lanzado a un plan furioso de despidos y desinversión. Los planes de los pulpos pasan, hoy, por el achique productivo y laboral – por lo menos hasta que se arregle con el FMI o que concluya la venta de YPF (total o parcial), por parte de Repsol, a algunos de los buitres que sobrevuelan el ámbito internacional.
La crisis política
La cuestión petrolera es, fundamentalmente, parte de una crisis política más general. Un cable de la agencia local OPI señala que a través de “la Federación, manejada por las petroleras y especialmente Repsol, Kirchner tiene la puerta abierta para entrar en la provincia y dar el salto definitivo hacia el poder político” (25/8). El matrimonio oficial está tramando la destitución de Peralta, del mismo modo que lo hizo con Acevedo y con Sancho. El fusible que ellos mismos pusieron ha colapsado, después de la derrota electoral y de una bancarrota capitalista que está sacudiendo a toda la clase obrera de la provincia; los docentes, los estatales, los municipales de Río Gallegos y los desocupados están en pie de lucha. Los Kirchner quieren reencauzar a la provincia desde los intereses sociales que siempre han defendido: la camarilla que monopoliza la obra pública, los monopolios mineros y petroleros.
La intervención ‘destituyente’ de la camarilla matrimonial tiene el propósito de endosar a los trabajadores la hipoteca de la crisis.
La etapa que se viene
El final de la huelga petrolera no es sino el preludio de nuevas luchas y mayores crisis. Los petroleros deberán enfrentarse a la ofensiva “racionalizadora” de los pulpos. Por otro lado, deberán derrotar, en primer lugar, la ofensiva interventora de la burocracia sindical nacional y, en segundo orden, a la burocracia local, que se recluirá en la parálisis para salvarse ella e intentar salvar a su amigo Peralta. No dudamos siquiera un momento de la enorme necesidad de rechazar la intervención de la Federación, que es una operación de liquidación sindical fogoneada por Repsol y los Kirchner: en oposición a Segovia y sus compromisos con la camarilla gobernante, el camino no es apoyar la intervención de la burocracia nacional sino desarrollar los métodos propios de la clase obrera, la asamblea, la democracia sindical, la lucha y la independencia del Estado y de las patronales. Precisamente, son esos métodos los que necesitamos para que cesen las suspensiones, los despidos y la persecución en los lugares de trabajo: impulsemos un plenario general de los delegados de todo el norte provincial, reclamando a Segovia ese plenario (con asambleas de base) y organizando desde ya la perspectiva de una autoconvocatoria.
Todavía con la huelga petrolera en curso, las organizaciones de desocupados de Caleta, con la infatigable intervención del Polo Obrero, ocuparon la ruta 3, en reclamo de sus planes impagos. Los municipales de Gallegos también han ido a la lucha. En la Minera Triton hubo una huelga contra los despidos y por aumento de salarios. En su último congreso provincial, Adosac propuso la “convocatoria urgente a la mesa de unidad sindical” para debatir la situación laboral y salarial. Un llamamiento de este alcance debería incluir a los delegados petroleros y de las mineras, para plantearse, con ellos, un programa y un plan de acción común frente a la crisis provincial.
Abajo el nuevo golpe de Estado de los K; abajo la intervención al sindicato petrolero; ningún apoyo al gobernador Peralta ni al burócrata Segovia. Por plenarios de delegados con mandatos de base, por un Congreso de Trabajadores. Así desarrollaremos nuestra alternativa social y política al régimen y a su derrumbe.
