Leon Trotsky

"Sin una organización dirigente la energía de las masas se disiparía, como se disipa el vapor no contenido en una caldera. Pero sea como fuere, lo que impulsa el movimiento no es la caldera ni el pistón, sino el vapor."




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19/1/10

EL 23/01 a las 17:30hs

FESTIVAL

EN DEFENSA DE LA JUVENTUD

Abajo el código contravencional de Scioli !!

23 de enero/ 17: 30hs

Glorieta de Plaza San Martín

(San Martín e/ Mitre y San Luis )


Participan bandas y músicos locales

Organiza e invita: Partido Obrero


8/12/09

libertades democraticas

Abajo la Ley Scioli-Stornelli de contravenciones


De la mano del ‘ajuste', quieren imponer el garrotazo contra el pueblo



La crisis política que carcome al gobierno de Scioli se trasladó al debate sobre la seguridad. Solá, el PRO, los ‘mediáticos’ Tinelli y Susana Giménez han salido a criticar las vacilaciones de Scioli para tomar medidas más duras en materia de seguridad. El ‘debate’ sirve también para desviar la atención pública de la grave crisis social y la formidable movilización que están desarrollando trabajadores estatales, docentes, médicos, judiciales y municipales en reclamo de aumento salarial, pase a planta permanente y otras medidas contra el trabajo en negro y el ‘ajustazo’ que quiere aplicar el scioli-kirchnerismo.

La dupla Scioli-Stornelli reivindica a la Bonaerense: “no se la puede estar defenestrando”, dijo el gobernador, quien saludó que la policía vaya “al frente” y reafirmó su propósito de “evitar purgas policiales” (La Nación, 8/11). Stornelli ha desechado las acusaciones de diversos jueces sobre “pactos de la policía con el crimen” y “policías que reclutan menores para delinquir” (La Nación, 5/11).

“Que la Bonaerense ‘recupere la calle’”

Pretenden, de la mano de un fuerte operativo mediático, que la Bonaerense “gane la calle” y volver a un régimen de contravenciones. Se propugna poner en marcha un régimen de arbitrariedad policial. La ley de contravenciones que Scioli presentará a la Legislatura provincial tiene ¡168 artículos! que permiten que la policía detenga a cualquiera por casi cualquier causa. La “recuperación” policial de las calles tiene también por objetivo directo la protesta social: se penalizan los piquetes y los escraches contra funcionarios.

“La gente está pidiendo esto. Quiere orden” (La Nación, 10/11), dice Stornelli. C5N, Clarín, La Nación, las cámaras empresarias, el PRO y el tuti quanti derechista piden ‘orden’; es decir, echar de las calles a los obreros, terminar con los paros y las movilizaciones de desocupados, piqueteros, estudiantes; que el pueblo agache el lomo y se banque el ‘ajustazo’ K. Se trata de potenciar el imperio de la Bonaerense contra el pueblo. Esto, por supuesto, no eliminará el crimen organizado, que está asentado en el encubrimiento de las esferas políticas y policiales del Estado burgués. Un régimen contravencional llenará las cárceles y comisarías de ‘perejiles’ y marginales para encubrir el crimen organizado.

El nuevo código contravencional sería potestad directa de la policía y de los intendentes, que nombrarían a jueces contravencionales. Podrían así reprimir, legalmente, sin las consabidas patotas oficialistas. También se encuentra en carpeta el proyecto de bajar la imputabilidad de los menores de los 16 a los 14 años de edad.

En los últimos dos años se duplicaron los presos en las comisarías bonaerenses. De los 30 mil alojados, sólo 6.300 tienen condena firme. En diciembre de 2006 se aprobaron nuevas leyes “con el fin de promover un uso abusivo de la prisión preventiva y facilitar las prisiones sin prueba suficiente” (Clarín, 10/11). No han terminado de implementarse y ya el Senado provincial ha votado reformas que endurecen las medidas previstas en la ley 13634: los jóvenes pueden ser detenidos en las comisarías hasta 24 horas en lugar de 12. Lo que los somete a la prepotencia, los malos tratos y la tortura de los carceleros policiales. Entre junio del 2006 y julio de 2008, se denunciaron 770 casos de torturas y otros tratos como penas crueles inhumanas o degradantes en perjuicio de 930 jóvenes (del Comité Provincial contra la Tortura). La misma ley ya sancionada aumenta el plazo de 5 a 10 días para que se celebre la audiencia “donde se evaluará la procedencia o no de la prisión preventiva”. Por 10 días, el joven detenido queda a disposición de la policía, que lo “convencerá” convenientemente de confesar hasta lo que no quiere.

Es un ataque en regla a las luchas populares y a la juventud.

Rafael Santos

17/9/09

APARCION CON VIDA!!!!!

Tercer aniversario de la desaparición de Julio López

18 de septiembre

A tres años de la desaparición de Julio López siguen la impunidad y el encubrimiento

• Exigimos al gobierno su aparición con vida y el castigo a los responsables de su secuestro.

• Aparición con vida de Luciano Arruga.

• Basta de represión.

• Libertad a los presos políticos.

• Amnistía o desprocesamiento a los luchadores populares.

• No al gatillo fácil.

• Basta de despidos y suspensiones.

• Solidaridad con la rebelión del pueblo hondureño contra el golpe de Estado.

12/9/09

Libertades Democraticas

Kirchneristas y opositores apoyan un proyecto de ley cavernícola

Una persona que acusara de genocida al genocida Von Wernich o de paidófilo al paidófilo Julio Grassi podría ser condenada a dos años de prisión. Esto, si prospera un proyecto de ley actualmente en discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados, Su autora es la diputada evangélica Cynthia Hotton, que asumió por el PRO pero ahora fundó un bloque unipersonal homónimo de su agrupación político-religiosa: Valores Para Mi País (VPMP). VPMP forma parte del interbloque Propuesta Federal, que encabezan Federico Pinedo y Francisco de Narváez.

Créase o no, el proyecto de ley de libertad religiosa de Hotton incorpora un nuevo capítulo al Código Penal bajo el título de "Delitos contra la libertad religiosa y de conciencia" (art. 31). Crea diversos tipos penales, entre otros uno que prevé prisión de seis meses a dos años para quien "agrediere de hecho o de palabra a un ministro de una confesión religiosa reconocida en ocasión del ejercicio de actos propios de su ministerio o por el hecho de serlo" (Página/12, 2/9). ¿Quién podría negar que Von Wernich o Grassi estaban en el ejercicio de su ministerio cuando uno bendecía los vuelos de la muerte y el otro abusaba de menores si la Iglesia, a la fecha, ni siquiera les ha retirado su estado sacerdotal?

Quien piense que Hotton tiene las facultades mentales alteradas debe saber que esta buena amiga del vicepresidente Cobos tiene adherentes en casi todos los bloques parlamentarios. Firmaron la iniciativa Rubén Sciutto y Antonio Morante, del Frente para la Victoria; Juan Carlos Morán y Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica; Federico Pinedo, de PRO; Daniel Katz, de Consenso Federal; y Luciano Fabris y el extinto José Ignacio García Hamilton, de la UCR. No es un dislate aislado. Es un intento de intimidación que se propone recortar la libertad de expresión y de crítica a instituciones atravesadas por graves delitos, mientras enloquecen a la humanidad predicando, por ejemplo, que una fuerza suprahumana de distintos alias diseña el destino de cada vida o que hay mujeres que paren vírgenes.

El proyecto responde a "una antigua reivindicación de las iglesias evangélicas", que se han convertido en la primera minoría religiosa (9% de la población) y pretenden que se les otorgue una personería jurídica especial como "objetos religiosos". Como siempre, las cuestiones de fe envuelven cuestiones de dinero. Entre otros beneficios, los "objetos religiosos" estarían eximidos del pago de impuestos.

Hotton dice que el cardenal Jorge Bergoglio avala su proyecto -no la desmintió- y que la respaldan la Alianza Cristiana Evangélica de la República Argentina (Aciera), parte de la comunidad judía ("tiene buena afinidad con el rabino Sergio Bergman") y la Iglesia Ortodoxa Rusa, entre otras.

Hotton es una opositora militante a la legalización de las parejas del mismo sexo, a la reglamentación de los abortos no punibles y a la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal, entre otros temas. El odio religioso contra las mujeres, los adictos y los homosexuales es indisociable del odio contra las libertades más elementales. Debe suspenderse todo subsidio estatal a estas agencias del oscurantismo y, como una medida indispensable de protección a la infancia y a la juventud, deben ser excluidas de toda función educativa y asistencial.

Olga Cristóbal

(Publicado en Prensa Obrera 1099)

27/7/09

A 6 meses de su desaparicion


Contra la criminalización de la juventud y por la aparición con vida de Luciano Arruga



Más que ningún otro caso, la desaparición de Luciano Arruga arroja luz sobre el problema de la inseguridad. Luciano es un joven de 16 años del barrio “12 de octubre”, ubicado en Lomas del Mirador (que, dicho sea de paso, había sido abierto por la presión de las llamadas “marchas de la seguridad del falso ingeniero Blumberg). Fue visto por última vez el 31 de enero. Ese día fue detenido ilegalmente por la bonaerense en el destacamento del barrio, donde se sabe que fue brutalmente golpeado. Los choques de Luciano con el destacamento venían desde lejos: resulta que él se negaba a “trabajar” para ellos, es decir, a robar y vender droga al servicio de la mafia policial. La policía le ofreció a mi hermano trabajar para el, robando. Ante su negativa, los muchachos se pusieron muy nerviosos y comenzaron el seguimiento y la persecución, los golpes no tardaron en llegar.

Pese a la continua manija de los medios de prensa sobre la cuestión de la inseguridad, no debe sorprender el silencio mediático frente a la desaparición Luciano. La difusión del caso ilustraría sobre el papel de la policía que, junto a la frondosa red de punteros, someten a la juventud de las barriadas, la extorsionan, la explotan, la envenenan con el paco, luego la persiguen, la encarcelan, cuando no la secuestran, asesinan o desaparecen. La policía utiliza a los pibes para organizar el delito en las zonas liberadas, constituyéndose en el primer factor de la inseguridad ciudadana. La venta de drogas, los desarmaderos, los prostíbulos, las redes de trata, los casinos, forman parte de las cajas negras con las que se financian políticos, jueces, fiscales y banqueros del narcolavado. A esto hay que sumarle el secuestro de mujeres, para explotarlas sexualmente.

La inseguridad proviene del Estado, que se convierte en una verdadera asociación ilícita controlada por una mafia de punteros y camarillas.

La baja de la edad de imputabilidad

Por sobre todas las cosas, el caso de Luciano no sirve a la operación política de justificar la baja de la edad de imputabilidad. Por esta razón no lo dan a conocer. En esta campaña se han unificado gobierno y oposición. Primero era hasta los 16, ahora hasta los 14 o 12 años (¿y qué vendrá después?). En eso consiste todo el plan de seguridad del oficialismo y la oposición. Luego de haber votado las leyes Blumberg, los Kirchner terminan de asumir como propio el programa de la oposición derechista de los Macri-De Narváez-Solá o Carrió-Stolbitzer-Alfonsín.

La baja de la edad de imputabilidad retrata la absoluta descomposición de un régimen social que no tiene más que ofrecer a sus jóvenes que la cárcel común. Es la debacle que acompaña la destrucción del aparato productivo, del sistema educativo y de salud, todo lo cual se profundizará con la bancarrota capitalista mundial. Con la catarata de despidos y suspensiones, con un acuerdo con el FMI en puerta que promete mayores tarifazos y ajustes, la burguesía es consciente de que el disciplinamiento y la regimentación de la juventud ocupan un lugar clave.

Nuestro programa

Exijamos la Aparición con vida ya de Luciano Arruga, el juicio y castigo a los responsables. No a la baja de la edad de imputabilidad. Basta de criminalizar la pobreza. Destituir, desmantelar a las cúpulas corruptas de la Policía y de la Justicia. Que los jueces se elijan sobre el voto popular para que rindan cuentas ante el pueblo. A las asambleas barriales y vecinales, le decimos abramos los libros de guardia de las comisarías, sus partes diarios, sus rondas, sometámosla al control de delegados electos.

Basta de zonas liberadas. Basta de chicos muertos en la comisaría. Basta de gatillo fácil. Conformemos, en oposición a la Bonaerense, en oposición a la Federal, una nueva fuerza ciudadana, responsable ante la población con sus miembros seleccionados, electos por organizaciones gremiales, sociales, de derechos humanos.

Union de Juventudes por el Socialismo - Partido Obrero

www.po.org.ar

22/7/09

Absolución de Pablo Heller y los compañeros de Sasetru

Juicio oral del 24 al 28 de agosto, en los Tribunales de Lomas de Zamora

Entre el 24 y 28 de agosto se desarrollará el juicio oral contra Pablo Heller.


Como se recordará, el 25 de marzo de 2003 Heller fue detenido con motivo del violento desalojo policial de Sasetru. Como resultado de la lucha librada y de una gran corriente de solidaridad, los compañeros de Sasetru conquistaron, cinco meses después, la expropiación de la planta. El compañero Heller fue imputado inicialmente por los delitos de usurpación y desobediencia a la autoridad. Las imputaciones han sido tan endebles que el cargo por usurpación tuvo que ser retirado, no obstante lo cual se mantuvo el de desobediencia. Esto pone de manifiesto, aún más, la intencionalidad política que hay detrás de la decisión judicial.

Esta causa se inscribe en la escalada de criminalización de la protesta social y política. Hace pocos días, se produjo el desalojo violento de los trabajadores de FP, que acampaban frente a los accesos de la fábrica. Los compañeros de una textil ocupada de San Luis fueron salvajemente reprimidos semanas atrás; los compañeros de Pilkington fueron blanco de ataques de patotas organizadas por la burocracia. Eso mismo había pasado con los obreros y obreras de Dana, a lo que se agregó la militarización de la fábrica. Los trabajadores de Mafissa fueron víctimas de un desalojo en momentos en que habían decidido permanecer en la planta. En Indugraf y Arrufat en Capital, ocupadas y puestas a producir por sus trabajadores, continúa la amenaza de desalojo. Días de zozobra sufrió también la textil quilmeña Febatex, en momentos que circulaban versiones de un inminente desalojo.

La causa de Sasetru debería estar archivada hace mucho. El desalojo se produjo en momentos en que el Concejo Deliberante de Avellaneda aprobaba la expropiación de las maquinarias y exhortaba a la provincia a proceder en idéntica forma con el inmueble. Con la ley aprobada en la mano, los compañeros de Sasetru exigieron quedarse en el establecimiento, custodiando los bienes de la fábrica. Esta circunstancia no fue tenida en cuenta, sin embargo, por el juzgado. Asistimos a una verdadera provocación, entre cuyos instigadores se encuentran los propietarios del establecimiento, la empresa Molisur, satélite de Molinos, perteneciente al grupo Pérez Companc. La única "usurpación", en realidad, es la que venía ejerciendo ese grupo económico que había comprado el establecimiento para mantenerlo cerrado, convirtiendo el predio en un nido de ratas.

Con este juicio oral se quiere dar una señal ejemplar de que este tipo de "trasgresiones" a la propiedad no van a ser consentidas. También está en sintonía con la orientación oficial de reformar la ley de quiebras, que pretende clausurar el ciclo de expropiaciones. No es un dato menor que el Estado no puso la plata para comprar las fábricas sujetas a leyes de expropiaciones (mientras sí la pone para el salvataje de la quebrada GM, fideicomisos y grupos empresarios) y que en muchas de ellas las expropiaciones transitorias están vencidas o por vencer. A su situación legal, extremadamente precaria, se une la falta de auxilio económico por parte del Estado.

Llamamos a derrotar esta nueva ofensiva. Los compañeros de Sasetru Gestión Obrera inscriben esta batalla por la absolución de Pablo Heller en su lucha para derrotar el sabotaje económico al que viene siendo sometida por el Estado, que le niega a Sasetru los recursos que necesita para poner a la fábrica nuevamente a producir.

Los abogados de Apel tienen a su cargo la defensa de Heller ante esta decisión arbitraria del juzgado. Por el juicio van a comparecer más de 50 testigos sólo por la defensa, y eso explica que las sesiones se prolonguen durante cinco días. Llamamos a organizar una gran campaña y movilización por la absolución de Pablo. Un primer paso es difundir el hecho y darle continuidad a la firma de pronunciamientos que ya se han ido reuniendo.

El Partido Obrero frente a la crisis política y el paro rural

Este es el link para ver los diferentes videos del partido obrero